El Gobierno continúa avanzando en la Reforma Agraria, con la compra de 60.000 hectáreas por 910.000 millones de pesos y una inversión de 500.000 millones para proyectos productivos. Esta política busca no solo garantizar el acceso a la tierra, sino también impulsar el desarrollo rural y la producción de alimentos, como pilares fundamentales para la paz y la vida.
Mediante convenios con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y el Fondo de Reparación de Víctimas, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ejecutará los recursos necesarios para adquirir predios y reparar a las víctimas del conflicto. Estos acuerdos responden a una deuda histórica con el campesinado colombiano, afirmó Felipe Harman, director de la ANT.
Los convenios incluyen un aporte de 500.000 millones con la SAE y 410.000 millones con el Fondo de Reparación de Víctimas, lo que permitirá destinar tierras entregadas en procesos de desmovilización al beneficio de comunidades rurales. Además, se trabaja en la recuperación de predios ocupados ilegalmente, garantizando que lleguen a manos de quienes realmente los necesitan.
Otro aspecto clave es la destinación de 500.000 millones de pesos para facilitar créditos que apoyen proyectos de producción agrícola. Esta medida busca que las tierras entregadas sean productivas y sostenibles, promoviendo la autosuficiencia alimentaria y el fortalecimiento económico de las familias rurales.
“La Reforma Agraria es mucho más que entregar tierras; es sembrar un futuro para la paz y la vida”, afirmó Harman. Con este enfoque integral, el Gobierno busca transformar las zonas rurales y generar oportunidades reales para miles de familias campesinas, consolidando una Colombia más justa y equitativa.
