La Fiscalía reveló los detalles de la investigación contra Luis Mariano Díaz González, hijo del fallecido cantante Diomedes Díaz, y otras cinco personas señaladas de integrar una presunta red de préstamos «gota a gota». Los procesados fueron imputados por los delitos de secuestro simple, secuestro agravado y tortura, por la supuesta retención ilegal y agresión contra uno de sus trabajadores.

Según el fiscal Rodrigo Restrepo, la víctima, identificada como Carlos Alfredo Mejía Vargas, fue sacada por la fuerza de su vivienda en el barrio Ciudad Modesto de Barranquilla por un grupo de hombres que se movilizaba en unas diez motocicletas y que, presuntamente, intimidó a los ocupantes de la casa con armas de fuego. La Fiscalía sostiene que el hombre fue retenido luego de ser acusado de la desaparición de entre 15 y 30 millones de pesos pertenecientes a la organización.

Durante el cautiverio, los presuntos responsables habrían exigido a la familia de la víctima el pago de 15 millones de pesos para su liberación. Al conocer que no contaban con el dinero, les habrían propuesto transferir la vivienda de uno de los familiares a nombre de una persona vinculada a la organización, mientras mantenían amenazas contra el retenido y sus allegados.

La investigación también señala que en las agresiones habrían participado al menos 16 cobradores más. De acuerdo con el dictamen de Medicina Legal, la víctima sufrió golpes con tablas, tubos y otros objetos contundentes, además de heridas con arma de fuego y arma cortopunzante, lesiones que le ocasionaron una incapacidad médica de 20 días.

Para la Fiscalía, Luis Mariano Díaz no solo tendría un papel de liderazgo dentro de la empresa informal de préstamos «Soluciones Mano a Mano», sino que también habría coordinado las agresiones y las presiones ejercidas contra la familia de la víctima para exigir el pago del dinero.

La audiencia continuará este viernes, cuando la jueza Shiela Ortega Téllez defina si los procesados aceptan los cargos y si les impone medida de aseguramiento en centro carcelario, luego de conceder un plazo para que las defensas evalúen un posible preacuerdo con la Fiscalía.