La Contraloría General de la República encendió las alarmas tras detectar un incremento masivo en la contratación estatal durante enero de 2026, justo antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, que restringe la contratación directa en tiempos preelectorales.

De acuerdo con un informe de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), el Gobierno Nacional suscribió entre el 1 y el 30 de enero un total de 521.269 contratos, por un valor que asciende a 32,88 billones de pesos. Según Andrés Felipe Cifuentes, director de la Diari, lo más preocupante es la concentración del gasto en un periodo muy corto: el 45% de los contratos se firmó en la última semana del mes, alcanzando un pico el 30 de enero, cuando se registraron compromisos por 5,7 billones de pesos en un solo día.

Predominio de las órdenes de prestación de servicios

El análisis revela que las órdenes de prestación de servicios (OPS) representan la mayor parte de la contratación. De los recursos totales, 22,34 billones de pesos corresponden a esta modalidad, lo que equivale a más de 501.000 órdenes emitidas.

Cifuentes destacó que esto supone un aumento del 5% frente al mismo periodo de 2022, antes de la anterior Ley de Garantías, lo que evidencia una tendencia creciente a concentrar la vinculación de contratistas antes de las restricciones electorales.

Sectores con mayor concentración de recursos

El informe de la Diari identifica los sectores donde más se movieron los recursos públicos. El de Inclusión Social lidera con 16 billones de pesos contratados, seguido por Minas y Energía, Salud y Trabajo, con montos que oscilan entre 5 y 8 billones de pesos.

Alertas preventivas

Aunque la Contraloría no atribuyó directamente el incremento a fines electorales, Cifuentes señaló que el objetivo del organismo es garantizar que los recursos públicos no se utilicen con propósitos políticos. “Es lo que tenemos que empezar a revisar”, afirmó, indicando que ya se emitieron alertas a las 14 contralorías delegadas sectoriales para fortalecer la vigilancia y trazabilidad de estos contratos.