Dice la JEP que 192 de las 264 muertes reportadas como bajas guerrilleras por esas unidades militares, entre 2005 y 2008, en el gobierno de Uribe, fueron en realidad homicidios contra campesinos y civiles inocentes.
Redacción judicial
La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó al general en retiro Jaime Lasprilla Villamizar y a otros 34 militares por al menos 200 casos de ejecuciones extrajudiciales también los mal llamados falsos positivos que se registraron en el Huila entre los años 2005 y 2008 en pleno gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Lasprilla fue comandante del Ejército entre los años 2014 y 2015 sin embargo la imputación se da por su responsabilidad mientras ocupó la comandancia de la Novena Brigada, hasta el año 2007. Lasprilla reemplazó al general en retiro William Pérez Laiseca, quien también fue imputado por delitos de crímenes de guerra y lesa humanidad.
“La Sala subrayó que los generales imputados debían proteger los bienes jurídicos de la población, controlar efectivamente a sus subordinados y, a pesar de contar con medidas razonables a su alcance para hacerlo; incumplieron sus obligaciones constitucionales. Desde el mando que ocuparon fueron permisivos, laxos en los controles y no ejercieron sus competencias de prevención, investigación y sanción. Esto facilitó la difusión, permanencia y encubrimiento de los crímenes. Sus omisiones contribuyeron a la consolidación de los tres patrones macrocriminales documentados en el Subcaso Huila, una de las seis zonas priorizadas en la investigación”, señala la JEP.
Los militares activos y retirados que fueron imputados pertenecieron al Batallón de Infantería No. 26 ‘Cacique Pigoanza’ (BIPIG), al Batallón de Infantería No. 27 ‘Magdalena’ (BIMAG), a la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11 (AFEUR 11) y a la IX Brigada.
En efecto, entre el 2005 y 2008 ocurrieron la mayor cantidad de hechos victimizantes documentados por la JEP en el Huila. Este aumento coincide con el incremento de casos de asesinatos y desapariciones forzadas perpetrados por integrantes de la fuerza pública, confirmaron los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz.
