La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) asumió la competencia para investigar seis asesinatos selectivos atribuidos a las extintas Farc, entre ellos el del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, ocurrido en 1995. La familia del dirigente político anunció que apelará esta decisión, al considerar que el caso debe continuar en la justicia ordinaria.
Además del magnicidio de Gómez, la JEP investigará los homicidios del general (r) Fernando Landazábal, el economista Jesús Antonio Bejarano, el representante Pablo Emilio Guarín, el exguerrillero Hernando Pizarro, el profesor José del Cristo Huertas y José Fedor Rey. Estos crímenes, considerados no amnistiables, serán abordados en los casos 10 y 05, según la región y gravedad de los hechos.
Eso sí, la decisión no cayó bien en el entorno del fallecido candidato presidencial: “Como abogado de la familia, rechazamos enfáticamente la decisión de la JEP de asumir competencias en el caso del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Como siempre, presentaremos los recursos pertinentes y continuaremos luchando para que haya justicia”, dijo Enrique Gómez, defensa de la familia.
Los motivos
La decisión se tomó tras una revisión exhaustiva de pruebas, testimonios, informes de víctimas, documentos internos de las Farc y material extraído de dispositivos electrónicos. Entre las fuentes clave estuvo una declaración juramentada de la fallecida exsenadora Piedad Córdoba. La JEP concluyó que existían elementos suficientes para asumir estos casos dentro del enfoque de verdad, justicia y reparación.
Las víctimas de estos crímenes eran figuras destacadas en la política, el ejército, la academia y el activismo social. Todos fueron asesinados en circunstancias que, según la JEP, ameritan una investigación con participación activa de las víctimas, para esclarecer la verdad y determinar responsabilidades dentro de la antigua guerrilla.
El proceso continuará con la acreditación de víctimas, quienes podrán aportar pruebas y hacer observaciones. La Sala de Reconocimiento de Verdad también podrá convocar a exmiembros de las Farc para profundizar en los hechos, identificar a los máximos responsables y evaluar los daños causados a las personas y comunidades afectadas.
