En un giro en el caso de Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las Regiones, la juez tercera de control de garantías de Bogotá revocó la decisión de enviarla a prisión y dispuso su traslado a una guarnición militar. La medida responde a las denuncias de amenazas de muerte realizadas por Ortiz y su defensa.
La exfuncionaria es investigada por su presunta participación en actos de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD). Según la Fiscalía, Ortiz habría incurrido en lavado de activos y tráfico de influencias, actuando como intermediaria en la entrega de millonarios sobornos.
Entre las pruebas clave presentadas por el ente investigador destaca una grabación de seguridad que muestra a Ortiz en una reunión con Olmedo López, exdirector de la UNGRD, en el Palacio de Nariño, el 21 de septiembre de 2023. En dicho encuentro se habría discutido la entrega de sobornos al entonces presidente del Senado, Iván Name.
Adicionalmente, la Fiscalía reveló conversaciones de chat en las que Ortiz solicitaba a López direccionar un contrato por 11 mil millones de pesos en el Atlántico, presuntamente también para beneficiar a Name. Estas evidencias han sido fundamentales en la imputación de cargos contra la exfuncionaria.
Con el traslado a una guarnición militar, Sandra Ortiz permanecerá bajo custodia mientras avanzan las investigaciones. El caso ha generado un fuerte impacto político, destacando presuntas irregularidades al más alto nivel del gobierno y el Senado.
