La industria farmacéutica en Colombia cerró 2025 con una cartera total de $4,7 billones, según el último informe de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afrido), en colaboración con la firma Sectorial. Del total, entre $1,59 y $1,8 billones corresponden a cartera vencida, es decir, facturas con pagos atrasados, representando más de un tercio del total adeudado.

El estudio, con corte al cuarto trimestre de 2025, muestra un deterioro progresivo frente a años anteriores: la cartera vencida pasó de 17,5 % en 2023, a 23,4 % en 2024, y llegó a 37,4 % al cierre del año pasado, evidenciando un aumento sostenido de la morosidad en el sistema de salud.

El canal institucional, encargado de la entrega de medicamentos dentro del proceso de aseguramiento, es uno de los más afectados, con una deuda de $3,4 billones, de los cuales $997 mil millones se encuentran vencidos, equivalentes al 28,7 % del total de este segmento.

En términos generales, la cartera corriente representa 66,6 % del total (aproximadamente $3,18 billones), pero dentro de ese monto, el 20,5 % presenta retrasos superiores a 121 días, aumentando el riesgo de impago. Además, la cartera castigada, considerada difícil o imposible de recuperar, pasó de 3,59 % en septiembre de 2025 a 6,53 % en diciembre.

El informe también señala que el tiempo promedio de pago se extendió a 196 días, frente a 134 días en 2024 y 125 días en 2023, afectando la liquidez de las compañías farmacéuticas. Entre enero y octubre de 2025, se giraron $80 billones al sistema de salud, un crecimiento del 7,23 %, inferior al promedio superior al 10 % registrado en años anteriores, en un contexto de mayor demanda y aumento de costos.

Afrido destacó la necesidad de revisar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), cuyo incremento para 2026 fue fijado en 9,03 %, pese a que estudios técnicos estimaban un ajuste cercano al 15 % para cubrir los costos reales del sistema. El gremio propuso además instalar mesas de trabajo con el Gobierno, aseguradores y prestadores, fortalecer la trazabilidad de los recursos y explorar fuentes complementarias de financiación.

El análisis concluye que el 58 % de la población asegurada estaría afiliada a entidades con dificultades financieras y operativas, lo que podría afectar el acceso oportuno a servicios de salud para millones de usuarios.