El Ministerio Público entregó al Congreso el séptimo informe de seguimiento al Acuerdo Final de Paz firmado en 2016 con las entonces Farc. El documento incluye 256 recomendaciones a entidades del Estado para superar los rezagos detectados en la implementación, especialmente en materia de recursos financieros y acceso a tierras.
El informe señala que de los $8,4 billones del Presupuesto General de la Nación destinados al proceso, gran parte no se ha ejecutado, sobre todo en el sector de agricultura y desarrollo rural. También se advierten retrasos en los avances de 321 proyectos financiados con regalías y en la destinación de $2,7 billones del Fondo Colombia en Paz.
Uno de los puntos más críticos es el acceso a tierras. De la meta de adjudicar tres millones de hectáreas a campesinos, solo se ha cumplido el 1,19 %. Aunque el Gobierno ha incorporado cerca de 600 mil hectáreas al Fondo de Tierras, la mayoría aún se encuentra bajo figuras provisionales, lo que limita el beneficio real para las comunidades rurales.
No obstante, el documento también resalta avances como la consolidación del Sistema Nacional de Reincorporación y el marco normativo que reconoce las Áreas Especiales de Reincorporación para los excombatientes.
La Procuraduría pidió al Gobierno acelerar la renegociación de proyectos productivos y la entrega de beneficios del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, que involucra a más de 99 mil familias. Este balance llega a pocos meses de cumplirse nueve años de la firma del Acuerdo de Paz.
