De las 10.139.092 personas inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV), apenas 2.008.759 han recibido una indemnización económica, equivalente al 19,8 % del total. Esto significa que cerca de 8,1 millones de personas todavía esperan esta medida de reparación. Así lo manifestó el presidente Abelardo De La Espriella durante una jornada de entrega de cartas de indemnización en Medellín, donde reconoció que ponerse al día con estas obligaciones tendría un costo superior a los $106 billones.

El mandatario aseguró que durante los primeros 100 días de su Gobierno se aceleró la entrega de estos recursos. De acuerdo con el balance presentado, en ese periodo se entregaron 15.926 indemnizaciones administrativas y se ordenaron 11.924 pagos parciales por vía judicial. “Mi instrucción fue clara desde el primer momento: acelerar las indemnizaciones”, afirmó.

Para contrastar los resultados, De La Espriella indicó que durante los ocho meses anteriores de 2026 se registraron 8.635 indemnizaciones administrativas y 122 judiciales. No obstante, aclaró que las cifras corresponden a conceptos diferentes, pues el balance de su administración contabiliza indemnizaciones entregadas y pagos parciales ordenados, mientras que los datos del periodo anterior hacen referencia a indemnizaciones registradas.

El presidente también señaló que, al comienzo de su mandato, encontraron más de 150.720 indemnizaciones reconocidas que permanecían pendientes de pago. Estas obligaciones superaban los $1,4 billones y afectaban a 129.619 personas. En la jornada realizada en Medellín, la Unidad para las Víctimas entregó 1.006 cartas de indemnización a afectados por el conflicto armado en Antioquia, por un valor total de $10.737 millones. De estas, 693 corresponden a indemnizaciones administrativas y 313 a órdenes judiciales, cuyos recursos, según el mandatario, ya están disponibles en el Banco Agrario.

Finalmente, De La Espriella anunció que la denominada Ruta Milagro de la Reparación se extenderá a todas las regiones del país. Según explicó, la estrategia dará prioridad a las víctimas que llevan más tiempo esperando el reconocimiento económico, de acuerdo con los criterios establecidos en la ley.