Un hecho de extrema violencia contra miembros del Ejército Nacional sacudió al país en las últimas horas. En la vereda Siloé, zona rural de Villagarzón (Putumayo), un subteniente y un soldado fueron atacados por civiles que, según inteligencia militar, actuaron instigados por los Comandos de Frontera, facción disidente de las FARC que domina economías ilegales en la región.
Las víctimas, identificadas como el subteniente Miguel Ángel Mejía y el soldado profesional Sebastián Díaz, adelantaban la destrucción de un laboratorio de cocaína cuando unas quince personas los rodearon. Dos de los agresores les arrojaron gasolina y los prendieron en fuego. Mejía sufrió quemaduras en el 75% de su cuerpo y Díaz en el 30%, por lo que fueron trasladados de urgencia al Hospital Militar en Bogotá.
El brigadier general Yor William Cotua, comandante de la Brigada 27, denunció que se trató de un ataque directo de estructuras criminales contra la tropa. Confirmó que ya se cuenta con fotografías de los responsables, material que fue entregado a la Fiscalía General de la Nación para su plena identificación y judicialización.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los agresores. “No fueron comunidades reclamando derechos, sino narcotraficantes que buscaban frenar un procedimiento legal”, aseguró, rechazando la instrumentalización de civiles en medio de la confrontación armada.
El atentado también generó tensión en la mesa de diálogos que el Gobierno sostiene con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), de la que hacen parte los Comandos de Frontera. La delegación oficial advirtió que, si no hay un rechazo contundente de la contraparte, el proceso de paz podría entrar en crisis, al considerar que el ataque constituye una grave violación al Derecho Internacional Humanitario.
