El Ministerio de Justicia anunció que el próximo 20 de julio radicará ante el Congreso el proyecto de Ley que busca establecer un tratamiento penal diferenciado para integrantes de grupos armados y estructuras criminales de alto impacto. La iniciativa también contempla reglas de colaboración eficaz para financiadores, colaboradores y otros actores, en el marco de la política de ‘Paz Total’.
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, confirmó que el Consejo de Política Criminal avaló el proyecto, que ofrecería beneficios judiciales a cabecillas y narcotraficantes que se sometan a la justicia. Defendió la propuesta asegurando que se trata de una “tercera vía”, entre el modelo de Justicia y Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), combinando justicia retributiva y restaurativa, sin que ello implique impunidad.
Entre los beneficios que contempla el proyecto está la reducción de hasta el 60% de las penas, la libertad condicional para quienes hayan cumplido ciertos requisitos, medidas de aseguramiento en colonias agrícolas en vez de cárceles, y la posibilidad de conservar hasta el 12% de sus fortunas ilegales. Sin embargo, estos beneficios solo se otorgarán si se colabora efectivamente con el desmantelamiento de las organizaciones criminales.
Uno de los puntos que genera mayor controversia es la posibilidad de que cabecillas que ya cumplieron la pena mínima puedan salir en libertad. El texto plantea que quienes hayan cumplido al menos ocho años de prisión o dos quintas partes de su condena, y además contribuyan a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, podrán acceder a libertad condicional.
El proyecto establece como condiciones para el sometimiento el cese total de actividades delictivas, la entrega de armas y bienes ilícitos, la liberación de secuestrados y la participación en proyectos de transformación territorial. Los cabecillas, además, deberán obtener un certificado de buena conducta y compromiso expedido por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
