El Ministerio de Salud introdujo cambios significativos en las reglas de acceso a la eutanasia en Colombia con la expedición de la Resolución 813 de 2026. La nueva normativa actualiza la regulación del derecho a morir dignamente y elimina una de las principales barreras existentes: ya no será obligatorio que el paciente se encuentre en fase terminal para solicitar el procedimiento.

A partir de ahora, también podrán acceder personas que padezcan un sufrimiento intenso derivado de una enfermedad grave e incurable o de una condición de salud extrema, incluso si no están en los últimos meses de vida. Esta decisión responde a fallos de la Corte Constitucional que habían ordenado facilitar el acceso a este derecho y garantizar su aplicación sin obstáculos.

La resolución, además, plantea un enfoque más amplio que trasciende el procedimiento eutanásico. El derecho a morir dignamente se entiende como un proceso integral que incluye alternativas como los cuidados paliativos, orientados a aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida, así como la adecuación de los esfuerzos terapéuticos, que permite suspender tratamientos que únicamente prolongan el sufrimiento del paciente.

Estas opciones no son excluyentes, por lo que cada persona puede decidir, de acuerdo con sus valores y su situación médica, cómo afrontar el final de su vida. En ese sentido, la norma también establece que no es obligatorio agotar todos los tratamientos disponibles para acceder a la eutanasia.

Otro de los cambios clave está en el fortalecimiento de la autonomía del paciente. La decisión debe ser libre, informada y sin ningún tipo de presión externa. En los casos en los que la persona no pueda expresar su voluntad, se contemplan mecanismos como el consentimiento sustituto o la interpretación de manifestaciones previas verificables, siempre con el objetivo de respetar lo que el paciente habría decidido.

La norma es enfática en que nadie puede tomar decisiones sin un sustento claro de la voluntad del paciente. Asimismo, se actualiza el rol de los comités médicos: los comités de eutanasia deberán evaluar cada caso, mientras que los comités de ética hospitalaria acompañarán las decisiones más complejas dentro del sistema de salud.

Con estos ajustes, la Resolución 813 de 2026 representa un cambio de fondo en la regulación del derecho a morir dignamente en el país, al ampliar el acceso, eliminar barreras y situar la autonomía del paciente como eje central de este proceso.