La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, informó que durante la revisión de procesos licitatorios en curso se identificó la participación de estructuras empresariales que estarían relacionadas con el condenado por corrupción Emilio Tapia.

Según la funcionaria, estas organizaciones habrían intentado participar en al menos cuatro procesos de contratación estatal mediante la figura de consorcios, un mecanismo permitido por la normativa que posibilita la presentación conjunta de varias empresas sin que todas figuren directamente.

La alerta surgió en medio del análisis de un proceso vinculado al proyecto vial La Llanada–Sotomayor, donde se detectó que una de las firmas integrantes del consorcio aportaba la experiencia requerida para la licitación, pese a su situación jurídica.

De acuerdo con la revisión adelantada junto al Invías, la empresa en cuestión presenta antecedentes sancionatorios, se encuentra en proceso de liquidación judicial y requería autorización del liquidador para participar, requisito que no habría sido cumplido.

Tras la verificación de esta situación, el proceso licitatorio fue suspendido mientras se adelantan las actuaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Desde el Ministerio se indicó que, bajo la legislación actual, este tipo de participación a través de consorcios no está restringida de manera automática, lo que limita la capacidad de impedir la intervención de empresas con antecedentes en contratación pública.

Finalmente, se emitió una alerta a otras entidades del Estado para que revisen sus procesos y verifiquen posibles situaciones similares, con el fin de fortalecer los controles en la contratación pública.