Compra de camionetas para Presidencia y Corte Suprema genera polémica

Compra de camionetas para Presidencia y Corte Suprema genera polémica

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La compra de 74 camionetas blindadas que serían puestas a disposición del esquema de protección presidencial y magistrados de la Corte Suprema de Justicia tienen en la mira al Estado, por invertir más de 22.000 millones de pesos, en lo que muchos califican un requerimiento innecesario en medio de la pandemia del COVID-19.

Camionetas adquiridas por Policía para Presidencia

Se trata de tres millonarios contratos, cuyos proveedores registrados son: Unión Temporal Toyonorte LTDA, Armor International De Colombia LTDA y Blindex S.A, que tienen fecha del 22 de abril de 2020, en los que se adquieren 23 camionetas y sus correspondientes blindajes nivel 3, también nivel 4, accesorios, mantenimiento preventivo, SOAT y requerimientos de la matrícula, en lo que el Estado gastó más de 9.700 millones de pesos.

La entidad que solicitó los vehículos y adelantó el proceso de adjudicación de los contratos fue la Policía Nacional y justifica la compra de la siguiente manera: “se requieren vehículos para la protección presidencial”.

Las órdenes de compra registran con los siguientes números: 47467, 47468, 47469 y todas tienen fecha del pasado 22 de abril, momento en que el país se encontraba en aislamiento preventivo obligatorio, enfrentando la pandemia del COVID-19. Como supervisores de la compra, aparecen los jefes del grupo movilidad de DIRAF y DIPRO.

Según fuentes de Palacio, la renovación de vehículos era necesaria porque contaban con camionetas desde el año 2008.

Camionetas para la Rama Judicial

De igual manera, en la Rama Judicial se dio la compra de 51 camionetas a 260 millones cada una. Lo anterior para dos salas de la Corte Suprema: la Sala de Instrucción y la Sala Laboral.

El monto total del contrato es por más de $13.276 millones, para adquisición de vehículos blindados con destino a la Corte Suprema de Justicia, precisamente.

Sin embargo, según explica el doctor Mauricio Cuestas, director ejecutivo de la Rama Judicial, la normatividad no permite cambiar destinación de recursos aprobados.

Las camionetas de la Rama Judicial estaban todas bajo la figura del alquiler. Cada vehículo cuesta 15 millones de pesos mensuales, lo cual hizo que se pasara presupuesto para compra. En octubre de 2019, se asignó un monto para tal fin.

La transacción solo se hizo hasta este año porque el dinero no había llegado. Magistrados dicen que aunque quisieran modificar destino de recursos, no se puede por norma. Las camionetas se entregan en octubre. En año y medio, dicen ellos, se recupera la inversión.

Con información y foto de BLU Radio.

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