La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió garantizar las condiciones necesarias para el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con el fin de que pueda continuar investigando graves crímenes cometidos durante el conflicto armado y avanzar en la lucha contra la impunidad.

El pronunciamiento se conoció tras una diligencia realizada en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila, donde antiguos integrantes de las FARC y máximos responsables de la Fuerza Pública participaron conjuntamente en labores de búsqueda humanitaria de víctimas del conflicto. Estas actividades hacen parte del cumplimiento de las sanciones propias impuestas por la JEP.

El organismo internacional destacó además la participación de las víctimas y su papel central dentro del proceso de justicia transicional. Asimismo, calificó la implementación de estas sanciones como un hecho relevante para la justicia transicional en Colombia y a nivel internacional.

Según la ONU, las sanciones combinan restricciones efectivas de libertades y derechos, mecanismos de monitoreo y supervisión y proyectos restaurativos dirigidos a reparar a las víctimas y comunidades afectadas por el conflicto. Para el organismo, estas actuaciones evidencian la capacidad de la JEP para establecer patrones de graves crímenes, determinar responsabilidades e imponer sanciones a los máximos responsables.

Ante el avance de esta etapa del proceso y las que vendrán, Naciones Unidas insistió en la importancia de garantizar las condiciones institucionales y operativas de la JEP. El objetivo, señaló, es que la Jurisdicción pueda continuar desarrollando su mandato frente a los graves crímenes cometidos durante el conflicto armado y contribuir a los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.