La Fiscalía de Bolivia ordenó la captura del expresidente Evo Morales dentro de una investigación en la que es señalado por los presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, además de otros cargos relacionados con las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La orden, emitida por el fiscal Brayan Melgar, también incluye acusaciones por presuntos atentados contra la seguridad de los medios de transporte y de los servicios públicos, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir. La investigación busca establecer la responsabilidad de Morales en las movilizaciones que afectaron varias regiones del país.

Durante siete semanas, campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB), con el respaldo de sectores afines al exmandatario, realizaron bloqueos en carreteras del occidente y centro de Bolivia. Las manifestaciones tenían como principal exigencia la salida del presidente Rodrigo Paz del poder.

Según las autoridades, los cierres de vías provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades, además de dejar al menos 16 personas fallecidas, 13 de ellas por la imposibilidad de recibir atención médica a tiempo. El Gobierno también estimó pérdidas económicas superiores a los 3.000 millones de dólares.

La denuncia que dio origen al proceso fue presentada a comienzos de julio por dirigentes cívicos de Santa Cruz y posteriormente recibió el respaldo del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. La acción judicial también involucra al dirigente de la Central Obrera Boliviana, Marco Argollo, y al líder campesino Vicente Salazar, quien permanece en detención preventiva por otra investigación relacionada con los mismos hechos.

Evo Morales ha rechazado las acusaciones y sostiene que las movilizaciones no buscaban forzar la renuncia del presidente, sino exigir respuestas a las demandas de los sectores sociales. Sin embargo, la Fiscalía incluyó entre los elementos de la investigación un mensaje publicado por el exmandatario el 24 de mayo en la red social X, en el que afirmó que el jefe de Estado tenía dos opciones frente a la crisis: militarizar el país o convocar elecciones en un plazo de 90 días.