La Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación presentaron ante el Congreso de la República un informe sobre los principales rezagos en la implementación de la Ley de Víctimas y los Decretos Ley Étnicos, cuando se cumplen 15 años de la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011. Las entidades advirtieron dificultades en áreas como la indemnización, la reparación colectiva, el acceso a vivienda, la generación de ingresos y el fortalecimiento institucional, mientras continúan las afectaciones del conflicto armado en diferentes regiones del país.

El Décimo Tercer Informe de Seguimiento a la Ley de Víctimas señala que, desde su implementación, la política pública ha ejecutado $265,2 billones y ha registrado avances normativos e institucionales en materia de atención, asistencia y reparación. Sin embargo, persisten dificultades relacionadas con la disponibilidad de recursos, la oportunidad en su ejecución y la capacidad de las entidades para medir el impacto de las acciones desarrolladas.

Uno de los principales llamados de atención está relacionado con el deterioro de la situación humanitaria. Durante 2025, un total de 83.874 personas fueron afectadas por desplazamientos masivos, cifra que representa un aumento del 68 % frente a 2024. Además, con corte al 31 de marzo de 2026, permanecían activas 130 Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, que advertían riesgos para la población en 421 municipios y 15 áreas no municipalizadas.

A las dificultades de seguridad se suman las condiciones económicas que enfrentan las víctimas. El informe establece que el 41,2 % de esta población se encuentra en situación de pobreza monetaria y el 17,4 % en pobreza extrema. Asimismo, más de 5,1 millones de víctimas no han logrado superar las dificultades para generar ingresos, una situación que continúa representando una barrera para alcanzar una reparación integral y mejorar sus condiciones de vida.

La indemnización administrativa sigue siendo uno de los principales retos de la política de reparación. Desde 2011 se han entregado cerca de 1,95 millones de indemnizaciones, equivalentes al 24,7 % de las víctimas susceptibles de recibir esta medida. De mantenerse el ritmo actual, el informe estima que serían necesarios alrededor de 31,5 años para atender a las personas que aún se encuentran pendientes de recibir esta reparación.

La situación también presenta importantes rezagos en materia de reparación colectiva. De los 1.292 sujetos que se encontraban en ruta de reparación, apenas el 5 % había culminado su Plan Integral de Reparación Colectiva con corte a marzo de 2026. Las entidades también identificaron brechas en el acceso de las mujeres y de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas a diferentes medidas de reparación.

El informe advierte, además, sobre las limitaciones de las entidades territoriales para implementar de manera efectiva la política pública. Según los organismos de control, el 46 % de los municipios del país presenta una necesidad alta o muy alta de fortalecimiento institucional, situación que afecta su capacidad para garantizar los derechos y la atención de las víctimas.

El panorama es particularmente complejo para los pueblos indígenas y las comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y Rrom. El XIV Informe de Seguimiento advierte que las acciones de los grupos armados ilegales continúan afectando la movilidad de estas comunidades, sus procesos de retorno, sus derechos territoriales y el acceso a las medidas de reparación.

El 36,5 % de la población indígena del país se encuentra inscrita en el Registro Único de Víctimas, frente a un promedio nacional del 19 %. En el caso de las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, la proporción asciende al 37 %. Entre 2023 y 2025, la Unidad para las Víctimas reportó 643 emergencias masivas, de las cuales 291 afectaron a población indígena y afrocolombiana, equivalente al 45 % del total. Chocó, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Norte de Santander, Putumayo y Guaviare figuran entre los departamentos con mayores afectaciones.

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y la Procuraduría insistieron en la necesidad de acelerar la implementación de las medidas de atención y reparación, fortalecer la coordinación entre las instituciones y mejorar las capacidades de los territorios. Las entidades consideraron que la aplicación de la Ley 2421 de 2024 será determinante para enfrentar los rezagos acumulados y responder a las nuevas dinámicas del conflicto armado que continúan afectando a las víctimas en distintas regiones del país.