La Procuraduría General y la Contraloría General emitieron una directriz dirigida al Gobierno nacional en la que le recuerdan la obligación de entregar un informe de gestión detallado sobre los asuntos administrativos, contractuales, presupuestales y misionales ejecutados y pendientes al finalizar el actual periodo de gobierno.

En materia de contratación, los organismos de control señalaron que todos los contratos suscritos, ejecutados, liquidados y en curso deben estar publicados en el SECOP. Además, la administración entrante deberá recibir información actualizada sobre los contratos próximos a vencer, los procesos en trámite y aquellos que presenten dificultades de ejecución, incumplimientos o sanciones.

La directriz también insta al gobierno saliente y a las entidades de la Rama Ejecutiva que participen en el proceso de empalme a publicar los informes de transición junto con sus documentos de soporte, garantizando el acceso público, salvo en los casos de información protegida por reserva legal.

Asimismo, los entes de control solicitaron que el informe incluya información suficiente, verificable y oportuna para asegurar la continuidad institucional y prevenir eventuales responsabilidades disciplinarias o fiscales. También pidieron dejar constancia de los asuntos que involucren competencias compartidas entre distintos niveles de gobierno o situaciones en las que otras administraciones hayan asumido funciones para garantizar derechos fundamentales o la prestación de servicios públicos esenciales.

Según la Procuraduría y la Contraloría, esta información permitirá que la administración entrante conozca las obligaciones institucionales vigentes, las entidades comprometidas y las medidas que deberán mantenerse, ajustarse o articularse para garantizar la continuidad de la gestión pública.