La Defensoría del Pueblo solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca anular el nombramiento de Eduardo Montealegre como ministro de Justicia. Según el organismo, su designación incumpliría la Ley de Paridad de Género, sancionada en 2024 por el presidente Gustavo Petro.
Dicha norma establece que al menos el 50 % de los cargos del máximo nivel decisorio en el Estado deben estar ocupados por mujeres. Actualmente, el gabinete ministerial está conformado por 10 hombres y 9 mujeres, por lo que la inclusión de Montealegre alteraría el equilibrio exigido por la ley.
En su pronunciamiento, la Defensoría argumentó que “el acto demandado vulnera de manera ostensible y directa la norma referida, al no garantizar el mínimo de participación femenina exigido”. Agregó que esta situación compromete la legalidad del nombramiento y genera una controversia jurídica de carácter constitucional.
La Defensora del Pueblo, Iris Marín, ya había advertido sobre este tema. El pasado 17 de junio envió una carta al presidente Petro alertando del posible incumplimiento de la ley de cuotas en la conformación del gabinete ministerial.
La decisión ahora queda en manos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que deberá analizar si el nombramiento de Montealegre respeta o no las disposiciones legales sobre paridad de género en altos cargos del Estado.
