El agente interventor de la Nueva EPS, Luis Oscar Gálvez, fue apartado de su cargo luego de que el presidente Gustavo Petro le solicitara la renuncia, en medio de la crítica situación que atraviesa la entidad.

La salida se da tras fuertes cuestionamientos por la atención a los usuarios, entre ellos la falta de entrega de medicamentos a más de 700.000 afiliados en Santander. A esto se suma el caso de Kevin Acosta, un menor con hemofilia cuya muerte fue atribuida por la Procuraduría General de la Nación a presuntas fallas de la EPS.

El organismo de control concluyó que el niño estuvo cerca de dos meses sin recibir el medicamento que requería, luego de que la IPS Medicarte suspendiera la entrega por falta de pago por parte de la entidad. Este caso se convirtió en uno de los hechos más graves dentro de la crisis que enfrenta la EPS.

La Nueva EPS, que agrupa a cerca de 11 millones de afiliados, fue intervenida el 3 de abril de 2024 por la Superintendencia Nacional de Salud, en una medida presentada como un intento por estabilizar su operación. Sin embargo, la situación financiera se ha deteriorado.

Según reportes oficiales, la entidad cerró 2024 con un déficit de 6,69 billones de pesos y una deuda de 18,38 billones. Además, la Contraloría General de la República detectó irregularidades tras revisar más de 4.500 documentos, incluyendo fallas en contratación, inconsistencias en reservas técnicas y debilidades en los sistemas de información.

En medio de este panorama, el presidente Petro ordenó durante un Consejo de Ministros la liquidación de las EPS que se encuentren en quiebra. Posteriormente, anunció que la Nueva EPS sería adscrita a los ministerios de Salud y Hacienda, mientras el Gobierno asumiría el pago de parte de sus deudas a través de la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud.

Por ahora, no se ha definido quién reemplazará a Gálvez en la intervención de la entidad, en uno de los momentos más críticos del sistema de salud en el país.