La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo presentaron el Vigésimo Primer Informe de Cumplimiento sobre la delimitación del páramo de Santurbán, correspondiente al periodo de agosto a diciembre de 2024, en cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017. El informe señala graves retrasos en la ejecución de las disposiciones de la Corte Constitucional, que buscan proteger este ecosistema estratégico y los derechos de las comunidades que dependen de él.
El informe destacó que, de las 30 mesas de trabajo previstas en el cronograma propuesto por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), solo se ha realizado una, con un cumplimiento del 3,33%. Esta falta de avances ha generado desconfianza en las comunidades locales, que han expresado su descontento a través de protestas y bloqueos. A esto se suma una alarmante contaminación ambiental en la región, especialmente por mercurio en fuentes hídricas, superando hasta 40 veces los límites internacionales, debido a la minería ilegal y la inacción de las autoridades.
Ante esta situación, la Procuraduría y la Defensoría pidieron al Tribunal Administrativo de Santander tomar medidas urgentes para garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales, incluyendo plazos estrictos, un seguimiento riguroso y posibles sanciones por el incumplimiento reiterado del cronograma. También instaron a garantizar una participación ciudadana efectiva en los procesos de protección ambiental, respetando los derechos de las comunidades afectadas.
El Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Gustavo Guerrero, subrayó la urgencia de culminar un proceso de delimitación pendiente por más de una década, para salvaguardar tanto el ecosistema del páramo de Santurbán como los derechos de las comunidades que dependen de este vital territorio.
