El presidente Gustavo Petro ordenó iniciar acciones jurídicas contra el registrador nacional, Hernán Penagos, tras su decisión de pedir conceptos al Consejo de Estado y a la Corte Constitucional sobre la legalidad del decreto que convoca una consulta popular. Según el mandatario, esta actuación representa una extralimitación de funciones y constituye una posible “situación de sedición”.
Petro defendió la legalidad del decreto, afirmando que mientras no haya un pronunciamiento de los órganos de control competentes, este debe ser acatado por todos los funcionarios públicos. “El registrador no tenía ningún derecho a decir lo que dijo. Está en una situación de sedición contra el presidente de la República”, señaló.
El jefe de Estado insistió en que el decreto tiene presunción de legalidad y, por tanto, debe ser respetado. Recalcó que ningún funcionario puede negarse a cumplirlo hasta que las autoridades pertinentes determinen lo contrario. “Todo funcionario cumple el decreto y la ley”, puntualizó.
Petro también condicionó la derogatoria del decreto a la aprobación de la reforma laboral bajo los términos acordados en la Cámara de Representantes. Indicó que si la conciliación legislativa prospera, firmará la ley y retirará la consulta.
Por último, el mandatario instó al ministro del Interior, Armando Benedetti, a intervenir para que la mesa directiva del Senado tome una decisión clara y no se dilate el proceso, advirtiendo que el aplazamiento podría llevar al hundimiento de la reforma.
