La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se prepara para dictar su primera sentencia, dirigida contra el último secretariado de las extintas Farc, por más de 21.000 casos de secuestro ocurridos entre 1993 y 2016. El proceso, conocido como caso 01, constituye un precedente histórico en la justicia transicional del país.
Durante la etapa de investigación, liderada por la magistrada Julieta Lemaitre y la Sala de Reconocimiento de Verdad, se escucharon a 402 comparecientes de las Farc, se revisaron más de 1.200 escritos de víctimas y se recibieron observaciones de 795 personas. En total, 4.200 víctimas fueron acreditadas para participar.
Los excomandantes Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Jorge Torres Victoria, Pastor Alape, Julián Gallo y Rodrigo Granda fueron imputados por haber implementado la política de secuestros de la guerrilla, además de permitir abusos como homicidios, torturas, desapariciones forzadas y violencia sexual.
Al aceptar su responsabilidad, los exlíderes accedieron a sanciones propias que no implican cárcel, pero sí restricciones efectivas de derechos y obligaciones restaurativas durante 5 a 8 años. Entre ellas, los TOAR (Trabajos, Obras y Actividades Restauradoras-Reparadoras), que incluyen proyectos de desminado, búsqueda de desaparecidos, reparación simbólica y acciones ambientales.
El cumplimiento será monitoreado por la JEP y la Misión de Verificación de la ONU, con apoyo del Gobierno, que deberá garantizar los recursos. Según la JEP, el reto es que estas sentencias trasciendan lo simbólico y logren una reparación real y efectiva para las víctimas del secuestro.
