La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra los ministros del gobierno de Gustavo Petro que firmaron el decreto 639, mediante el cual se convoca la consulta popular. La investigación, a cargo de la Sala Disciplinaria de Instrucción, surge tras una queja presentada por Daniel Briceño, Cristina Plazas y Alberto Boek, quienes argumentan que los ministros habrían excedido sus funciones al desconocer la votación negativa del Senado.
En total, 20 ministros, entre titulares y encargados, están siendo investigados disciplinariamente, incluyendo a los jefes de Interior, Hacienda, Defensa, Salud, Trabajo, Educación, Transporte, Cultura, Ciencia y Tecnología, entre otros. Según los denunciantes, al firmar el decreto, los ministros violaron el debido proceso legislativo y actuaron en contravía de lo establecido por el Congreso.
Expertos como Ramiro Bejarano y Gonzalo Ramírez Cleves señalaron que los funcionarios podrían también enfrentar eventuales cargos penales por prevaricato, al haber expedido un acto administrativo que, presuntamente, contraviene abiertamente la ley y la Constitución. Bejarano enfatizó que el Senado ya había tomado una decisión que no podía ser ignorada por el Ejecutivo.
El delito de prevaricato se configura cuando un servidor público dicta una resolución contraria a la ley o incumple sus deberes con conocimiento de su ilegalidad. Los expertos advierten que firmar un decreto que contraría el principio de separación de poderes podría generar graves consecuencias jurídicas para los ministros involucrados.
