La Procuraduría General de la Nación intensificó las acciones de vigilancia preventiva sobre la atención y entrega de ayudas a los más de 97.515 damnificados que dejó el terremoto que estremeció a Colombia.

El Ministerio Público adelanta un seguimiento permanente a los Puestos de Mando Unificado (PMU) instalados en las zonas afectadas, con el propósito de verificar que las más de 40.000 familias damnificadas reciban la asistencia necesaria durante los primeros días de la emergencia.

Para ello, se reforzaron las labores de vigilancia sobre el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Además, la Procuraduría Delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial y las Procuradurías Regionales y Provinciales de Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca participan de manera permanente en los distintos PMU.

En estos espacios, los funcionarios verifican las acciones adelantadas por las autoridades frente a las labores de rescate, la distribución de ayudas humanitarias, la adecuación de albergues y la atención de las familias que tienen integrantes heridos, fallecidos o desaparecidos.

“Nos hemos enfocado en alertar las necesidades de atención identificadas por la ciudadanía, con el fin de coadyuvar en este propósito superior que es apoyar a las víctimas en estos primeros días, que son neurálgicos para la crisis”, señaló el delegado para la Gestión y Gobernanza Territorial, Francisco Canossa Guerrero.

La Procuraduría también pidió mantener la atención sobre otras emergencias que se presentan actualmente en el país, entre ellas los incendios forestales y la alerta naranja por el incremento de la actividad del volcán Puracé, con el fin de evitar que estas situaciones queden relegadas ante la magnitud de la emergencia provocada por el terremoto.