Ante la consejera presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, la Procuraduría General de la Nación denunció el reclutamiento de menores en el departamento del Huila, especialmente en los municipios de La Plata, La Argentina, Nátaga e Íquira.
En la misiva dirigida a Lourdes Castro García, el ente de control advirtió que según lo indicado por el consejero político del Consejo Regional Indígena a un medio de comunicación «ante el recrudecimiento del conflicto desafortunadamente se han presentado situaciones de reclutamiento y amenazas que han llegado a la deserción escolar”.
El Ministerio Público recordó que las comunidades indígenas son sujetos de especial protección y destinatarias de las medidas de prevención ordenadas por la Corte Constitucional, para que se les garanticen las acciones necesarias, adecuadas y diferenciales a que haya lugar, de cara a su derecho a la libre determinación, y en consecuencia a establecer libremente su condición política y su desarrollo económico, social y cultural.
En este sentido, requirió a la funcionaria de Presidencia informar las medidas y acciones desplegadas con el fin de proteger y salvaguardar la vida, la libertad y la pervivencia de los pueblos indígenas asentados en el Huila, que se están viendo afectados por la inclusión de actores armados ilegales en sus territorios.
Esta solicitud del ente de control se dispuso de acuerdo con las funciones de secretaría técnica de la Comisión Intersectorial de Prevención del Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual contra niños, niñas y adolescentes, por parte de grupos armados al margen de la ley y por grupos delictivos organizados, que ejerce esa consejería presidencial.
