La Procuraduría General de la Nación interpuso un recurso de apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá para tumbar la condena de 12 años de prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, dictada por el Juzgado 44 de Conocimiento de Bogotá por fraude procesal y soborno en actuación penal.
El documento, de 81 páginas y firmado por el procurador Bladimir Cuadro Crespo, sostiene que el fallo presenta vacíos en la evaluación de pruebas clave, lo que habría derivado en una indebida aplicación de la figura de la determinación penal.Según el Ministerio Público, la sentencia tuvo una “incorrecta observación objetiva” de las pruebas, lo que llevó a imputar erróneamente responsabilidad al exmandatario.
El recurso señala que no se estableció más allá de toda duda razonable que Uribe tuviera el grado de conocimiento necesario para ser considerado determinador de los hechos. Además, cuestiona que no se aplicara el artículo 7 de la Ley 906, disposición que, a juicio del procurador, habría favorecido su absolución.En el escrito también se pide verificar información que, según la Procuraduría, llevó a Uribe a otorgar poder al abogado Diego Cadena para la obtención de datos en medio de la investigación.
El recurso argumenta que la jueza no contó con respaldo suficiente en el expediente y que el expresidente, incluso, solicitó públicamente la entrega de información para esclarecer los hechos, mientras usaba a sus abogados para remitir pruebas previamente revisadas.Paralelamente, la defensa de Uribe, encabezada por el abogado Jaime Granados Peña, presentará su propio recurso de apelación el 13 de agosto, alegando que durante el juicio se omitió valorar pruebas documentales, testimoniales y técnicas aportadas por la defensa.
El equipo jurídico sostiene que el fallo carece de sustento probatorio y jurídico, por lo que buscará su revocatoria y la absolución del exmandatario, quien permanece en detención domiciliaria en Rionegro, Antioquia.El caso será estudiado por la Sala Penal N.º 9 del Tribunal Superior de Bogotá, integrada por los magistrados Alexandra Ossa Sánchez, Leonor Oviedo Pinto y Manuel Antonio Merchán, este último presidente de la Sala y ponente de la decisión.
El tribunal cuenta con un plazo máximo de dos meses para resolver, ya que el proceso prescribe en octubre, y ha dispuesto atención exclusiva al caso para garantizar una decisión rápida y fundamentada.
