En Colombia los servicios públicos se están convirtiendo en un problema de nunca acabar, las tarifas, los cortes sin previo aviso y las fallas constantes en asistencia técnica, ponen de manifiesto las razones para que comunidad y usuarios protesten periódicamente en la búsqueda de soluciones.
Según el senador, Richard Fuelantala Delgado, del partido, AICO, el músculo financiero entre empresas grandes y pequeñas, es la diferencia en la prestación de los servicios públicos, según el legislador, las grandes empresas continúan creciendo financieramente mientras las medianas empresas por falta de recursos no dan cumplimiento a las exigencias del mercado, razón por la cual la reforma a la ley de servicios públicos en Colombia debe ser presentada ante el congreso.
Desde el Ministerio de Minas y Energía, su titular, Andrés Camacho, ratificó la propuesta de incluir a los ciudadanos en la toma de decisiones, para lograr que, a largo plazo, se disminuya y se alivie la carga de los usuarios, buscando en otros actores de la cadena de prestación del servicio mayor contribución para con los sectores económicos más necesitados.
Para el legislador, Robert Daza, de la coalición Pacto Histórico, los servicios públicos, no se pueden convertir en un negocio que más allá de meterle la mano en el bolsillo de la gente pobre, los coloque en el dilema de tener que decidir si se compra alimento o se pagan los servicios públicos. Según el senador Daza, con la democratización del régimen de tarifas para el pago de los servicios públicos, se acaba con la esclavitud de los servicios públicos en los estratos bajos.
