El Gobierno Nacional, a través de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y Minas y Energía, radicó ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes el proyecto de Presupuesto de Regalías por un monto de $30,9 billones para el periodo 2025 – 2026, que corresponde a 1,7% del Producto Interno Bruto (PIB).
De acuerdo con el proyecto, 82,5% de los ingresos corresponden a ingresos corrientes ($25,5 billones) y el 17,5% restante a otros ingresos, en su mayoría recursos de rendimientos financieros ($5,2 billones).
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González, explicó que los recursos de regalías permitirán aumentar el gasto social en todas las regiones, y que ahora la discusión es para que su inversión sea mucho más efectiva.
Dijo que estos recursos son esenciales para: fortalecer la descentralización, la autonomía y el desarrollo territorial, impulsar la reactivación económica, apoyar la transformación de la economía en el marco de la transición energética justa y una producción ambientalmente sostenible, contribuir al cierre de brechas regionales y favorecer el cumplimiento de las metas propuestas en los planes de desarrollo de las entidades territoriales.
“Las regalías son recursos al margen del Presupuesto General de la Nación que provienen de la explotación de hidrocarburos y minería. Una parte de esos excedentes va a las zonas productoras y otra parte se distribuye en el resto del país bajo criterios de búsqueda de mejor equidad», explicó el funcionario.
Además, recordó que los Gobiernos regionales tienen participación en la organización y distribución de los recursos de regalías a través de los OCAD regionales.
“La propuesta desde el Departamento Nacional de Planeación es que esos recursos no se dispersen en pequeños proyectos sino en proyectos bien significativos de las regiones en los que se pueda hacer inversión representativa», insistió Bonilla González.
Distribución de regalías
Según el proyecto radicado ante la Cámara de Representantes, en cumplimiento del artículo 361 de la Constitución Nacional, la iniciativa favorece la descentralización de los dineros del Estado al asignar un presupuesto para inversión en los territorios por $29 billones, así:
– $6,4 billones asignados directamente para entidades territoriales productoras y puertos.
– $8,8 billones a los departamentos y regiones del país para la aprobación de proyectos de alto impacto regional.
– $2 billones para financiar proyectos en ciencia, tecnología e innovación, de los cuales $511 mil millones deben ser destinados a proyectos con incidencia en ambiente y desarrollo sostenible.
– $5,4 billones, en el marco de Paz Total, para proyectos de estabilización y transformación de los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional (170 municipios PDET).
– $2,8 billones para los municipios más pobres: permitirá ampliar las capacidades productivas territoriales.
– $255 mil millones para la protección y conservación de las áreas ambientales estratégicas, el desarrollo sostenible y la lucha contra la deforestación. Además de otros $432 mil millones para garantizar este fin en los municipios más pobres y las comunidades étnicas.
– $592 mil millones serán asignados para los grupos étnicos.
– $128 mil millones para Cormagdalena, inversión que hará en las entidades territoriales ribereñas del Río Grande de la Magdalena.
– $1,1 billones para ahorro a través de los Fondos para la Estabilización y para el Ahorro Pensional Territorial.
– $255 mil millones para el control y vigilancia de la ejecución de los recursos del SGR (Sistema General de Regalías).
– $511 mil millones para el funcionamiento, operatividad y administración del SGR; para la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos; el conocimiento y cartografía geológica del subsuelo; la evaluación y el monitoreo del licenciamiento ambiental a los proyectos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables; y para el incentivo a la exploración y a la producción.
