La Corte Suprema de Justicia confirmó el llamado a juicio contra el exsenador Arturo Char por su presunta participación en una red de compra de votos durante las elecciones legislativas de 2018 en Barranquilla. Al resolver el recurso de reposición presentado por su defensa, el alto tribunal mantuvo la resolución de acusación emitida a finales del año pasado, por lo que el excongresista deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado y corrupción al sufragante agravado.

La defensa de Char argumentó que la acusación se sustentaba en una valoración errónea de las pruebas, especialmente en las declaraciones de la exsenadora Aida Merlano, al considerar que presentaban inconsistencias y que se habían ignorado elementos favorables al procesado. No obstante, la Corte concluyó que los cuestionamientos no desvirtuaban la decisión, al señalar que el testimonio de Merlano no constituye la única prueba del expediente, sino que está respaldado por otros elementos probatorios y declaraciones recopiladas durante la investigación.

En la decisión conocida este martes, los magistrados reiteraron que existen suficientes elementos para sostener que Arturo Char habría integrado una estructura criminal creada para manipular los resultados de las elecciones al Congreso de 2018 mediante la compra masiva de votos. «No se encuentran respaldadas las censuras en la realidad procesal y probatoria que deriva de la actuación», señaló la Corte al rechazar los argumentos de la defensa.

Según la investigación, el presunto acuerdo se habría concretado en octubre de 2017 entre Arturo Char, Aida Merlano, el empresario Julio Gerlein, el hoy alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y la dirigente política Lilibeth Llinás. De acuerdo con la Corte, el propósito era asegurar la elección de Merlano al Senado, la llegada de Llinás a la Cámara de Representantes y la reelección de Arturo Char al Senado mediante una organización dedicada a cometer delitos electorales.

El alto tribunal sostuvo que la estructura no correspondía a una simple alianza política, sino a una organización presuntamente financiada con recursos aportados por el contratista Faisal Jacobo Cure Orfale, el empresario Julio Gerlein y dineros atribuidos a Alejandro Char. El centro de operaciones habría sido la sede política conocida como Casa Blanca, en Barranquilla, desde donde se coordinaba el reclutamiento de votantes, la distribución de recursos y el control del cumplimiento de los compromisos adquiridos por quienes aceptaban vender su voto.

La Corte señaló que cada voto habría sido pagado con sumas que oscilaban entre $50.000 y $90.000, una vez se verificaba que el elector había cumplido con lo acordado. Para los magistrados, este esquema evidencia la existencia de un sistema organizado y financiado para influir ilegalmente en los resultados electorales.

Como antecedente del caso, la Sala recordó que el 11 de marzo de 2018 las autoridades allanaron la sede de Casa Blanca, donde incautaron abundante material relacionado con la presunta compra de votos. Ese operativo dio origen a las investigaciones que concluyeron con la condena de Aida Merlano y la apertura de procesos judiciales contra otros presuntos integrantes de la organización, entre ellos el exsenador Arturo Char, cuyo llamado a juicio fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia.