La reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto tendría un costo estimado de $58,29 billones, de acuerdo con el borrador del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030. La cifra, basada en evaluaciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), refleja la dimensión de uno de los mayores desafíos económicos y sociales que enfrenta el país.

El balance técnico establece daños físicos directos por $38,66 billones y pérdidas económicas que ascienden a $5,99 billones, con una afectación equivalente al 2,3 % del Producto Interno Bruto (PIB). La emergencia dejó 776.131 personas y 363.793 familias afectadas en 16 departamentos y más de 400 municipios. Uno de los sectores más golpeados fue el de vivienda, que concentró el 47,6 % de los daños físicos, con un registro de 255.079 inmuebles afectados: 203.301 averiados y 51.778 destruidos. A esto se suman afectaciones en infraestructura educativa, con 5.738 sedes perjudicadas en 480 municipios de 22 departamentos y consecuencias para más de 1,3 millones de estudiantes.

Para financiar la recuperación, el Gobierno plantea crear el Fondo Milagro, concebido como el principal instrumento para articular y administrar los recursos destinados a la reconstrucción. Entre las fuentes propuestas figuran saldos disponibles de las cuentas maestras del régimen subsidiado de salud, excedentes de rentas cedidas, apropiaciones sectoriales no giradas y recursos del FONPET en entidades territoriales que tengan cubierto su pasivo pensional. También se contempla utilizar liquidez del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) del Sistema General de Regalías.

Otra alternativa busca vincular a los colombianos residentes en el exterior mediante la iniciativa ‘Remesas para la reconstrucción y el desarrollo’. El documento señala que el país cuenta con más de 3,6 millones de connacionales fuera de sus fronteras y recibió USD 13.098 millones en remesas durante 2025. A partir de ese flujo de recursos, la Cancillería, el Ministerio de Hacienda y el sector fintech buscarían establecer mecanismos voluntarios y seguros para canalizar remesas, ahorro e inversión hacia las regiones afectadas, especialmente en proyectos de vivienda de interés social y actividades productivas.

El plan también propone ampliar la participación del sector privado mediante mecanismos como Obras por Impuestos y Obras por Regalías. Asimismo, contempla que Findeter facilite financiación a través de operaciones de redescuento y créditos directos a patrimonios autónomos, mientras que el Fondo Nacional de Garantías respaldaría préstamos para familias y comercios damnificados. La meta trazada para 2030 es que la reconstrucción se refleje en viviendas más seguras, mejores servicios para las comunidades y la recuperación de los ingresos de los productores afectados.