El Gobierno nacional advirtió que no cuenta con los recursos presupuestales necesarios para cubrir los costos adicionales que implicaría la entrada en vigencia de la reforma pensional en abril de 2027, fecha establecida por la Corte Constitucional. El pronunciamiento se conoce mientras la Cámara de Representantes se prepara para debatir nuevamente nueve apartados de la Ley 2381 de 2024, por orden del alto tribunal.

Según el Ministerio de Hacienda, implementar el nuevo sistema pensional en 2027 sin incorporar fuentes adicionales de financiación podría poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas. La cartera señaló que las nuevas obligaciones no quedaron contempladas de manera coherente en los instrumentos de planeación financiera del Gobierno, por lo que será necesario definir cómo se cubrirán los recursos faltantes.

De acuerdo con una comunicación enviada el pasado 8 de octubre a la magistrada Paola Meneses, el país tendría un déficit estimado de $5,4 billones para realizar las transferencias adicionales a Colpensiones destinadas al Pilar Contributivo y al Pilar Semicontributivo. Estos recursos permitirían cubrir las mesadas pensionales y otras prestaciones económicas contempladas en el nuevo esquema. Sin embargo, el faltante no sería el único desafío presupuestal para el próximo año.

El Ministerio también advirtió que no están garantizados los recursos para financiar completamente el Pilar Solidario, que busca ampliar la cobertura de los apoyos económicos para los adultos mayores. Mientras el programa Colombia Mayor beneficia actualmente a cerca de tres millones de personas, la reforma plantea llegar hasta 4,6 millones de beneficiarios, con una transferencia mensual aproximada de $258.000. El costo estimado para el periodo comprendido entre abril y diciembre de 2027 sería de $11,75 billones, de los cuales la Nación tendría que aportar $10,85 billones, descontando los recursos previstos del Fondo de Solidaridad Pensional.

El Gobierno explicó que estos recursos no fueron incluidos en el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 porque la decisión de la Corte sobre la entrada en operación del nuevo sistema se conoció cuando el presupuesto ya había sido reformulado y presentado al Congreso. Entretanto, la Cámara deberá discutir nuevamente nueve apartados de la reforma y una proposición de la representante Jennifer Pedraza. Entre los puntos que generan preocupación están los artículos 92 y 93, relacionados con la administración del fondo de ahorro y las condiciones especiales de acceso a la pensión para campesinos y comunidades étnicas. La Corte Constitucional estudia, además, una solicitud del Gobierno para moderar los efectos presupuestales de su decisión.