En el marco de la conmemoración de los 40 años de la tragedia de Armero, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes anunció la inclusión de las ruinas de la antigua ciudad en la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional (LICBIC), paso fundamental para su futura declaratoria como Bien de Interés Cultural de la Nación. El expediente será presentado el próximo 27 de noviembre ante el Consejo Nacional de Patrimonio para la emisión de su concepto favorable.
Durante el acto conmemorativo, la ministra Yannai Kadamani destacó que este avance es resultado de un año de trabajo en la elaboración del expediente técnico y el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), con una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos. “Este proceso reafirma el compromiso con la memoria, la protección del territorio y la no repetición”, afirmó, recordando que la tragedia cobró la vida de más de 20.000 personas.
El Gobierno Nacional ha destinado 1.323 millones de pesos entre 2024 y 2025 para estudios, investigaciones, diagnósticos y estrategias de protección del patrimonio cultural de Armero, en lo que se considera un paso decisivo para saldar una deuda histórica con las víctimas y sus familias. Estas acciones buscan consolidar el valor material y simbólico del territorio.
La Ley 1632 de 2013 ya había establecido la conservación y protección de las ruinas, mientras que el Documento CONPES 3849 de 2015 definió estrategias para rendir homenaje a la ciudad desaparecida y a sus habitantes, entre ellos la recordada Omaira Sánchez, símbolo de resistencia y memoria.
El proceso de declaratoria avanza en dos fases: la elaboración del expediente, a cargo de la Unión Temporal Armero BIC, con una inversión de 635 millones de pesos, y la formulación del PEMP, actualmente desarrollada por la Universidad del Valle con una inversión de 688 millones. Paralelamente, se impulsan procesos de apropiación social con Vigías del Patrimonio y semilleros comunitarios. En el evento, el ICBF entregó al Archivo General de la Nación el Libro Rojo, que documenta la atención brindada a los niños y niñas afectados en 1985, reconocido como patrimonio documental del país.
