El proyecto de acto legislativo que buscaba modificar la Constitución Política para establecer la protección de la vida humana desde la fecundación quedó prácticamente hundido en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. La iniciativa, impulsada por el representante David Cote, del Centro Democrático, pretendía modificar el artículo 11 de la Carta Política.

La propuesta también contemplaba reconocer a los fetos como sujetos especiales de protección constitucional, teniendo en cuenta su condición de vulnerabilidad y dependencia durante las primeras etapas de desarrollo. Sin embargo, la iniciativa no logró avanzar en su trámite legislativo y deberá ser archivada al no alcanzar a cumplir los tiempos establecidos para este tipo de reformas constitucionales.

La discusión se vio interrumpida luego de que congresistas del Pacto Histórico promovieran el retiro de varios integrantes de la Comisión, situación que provocó la ruptura del quórum e impidió realizar la votación. Además, este jueves vencía el plazo para que la célula legislativa examinara el proyecto, por lo que ya no habría tiempo para continuar con su trámite.

Durante el cierre de la sesión también se presentó un apagón en el recinto, lo que obligó a los congresistas a utilizar las linternas de sus teléfonos celulares para poder leer y concluir la jornada.

El representante Luis Miguel López aseguró que la ponencia de archivo fue derrotada con 14 votos en contra, pero señaló que la ausencia de varios congresistas terminó impidiendo que continuara la discusión. Por su parte, Carol Borda, representante de Salvación Nacional, calificó como una victoria haber mantenido vigente la iniciativa desde el momento de su radicación.

Desde el Pacto Histórico, la representante Laura Daniela Beltrán celebró que el proyecto no avanzara y destacó el papel de las organizaciones feministas en la defensa de los derechos y las libertades de las mujeres. Según manifestó, la decisión fue resultado de una lucha que permitió frenar la propuesta.

El debate se desarrolla en medio del marco jurídico establecido por la Corte Constitucional, que desde 2022 permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación. A este panorama se suma que, según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2025, el 49,5 % de las mujeres que solicitan este procedimiento logra acceder a él dentro del plazo establecido.