El nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el magistrado Danilo Rojas, anunció una serie de medidas para reducir los gastos de funcionamiento de la entidad, entre ellas el traslado de su sede, la disminución de los esquemas de protección y el recorte de contratos de prestación de servicios. Según lo previsto, la institución entregará su actual edificio en marzo de 2027, como parte de un plan de austeridad presupuestal.

De acuerdo con el anuncio, la JEP dejará las instalaciones que actualmente ocupa, con una extensión de 15.000 metros cuadrados, para trasladarse a un inmueble de aproximadamente 4.200 metros cuadrados. Este cambio permitiría reducir los costos asociados al funcionamiento de la sede y generar un ahorro cercano a los 26.000 millones de pesos anuales.

La reorganización también contempla modificaciones en la modalidad de trabajo de los funcionarios. La entidad establecerá el trabajo virtual como norma y adoptará un sistema de asistencia rotativa, con el propósito de ajustar el uso de las instalaciones a las necesidades operativas y disminuir los gastos administrativos.

Otro de los componentes del plan será la reducción de los esquemas de protección asignados a magistrados, fiscales y al secretario ejecutivo. Según Rojas, estos últimos prescindirán de sus actuales dispositivos de seguridad. También se revisarán y disminuirán las medidas de protección destinadas a víctimas, testigos y comparecientes que intervienen en los procesos de la jurisdicción, una decisión que representaría un ahorro estimado de 37.000 millones de pesos al año.

Las medidas se conocen en medio de las discusiones sobre el presupuesto y los gastos de funcionamiento de la JEP, así como de los cuestionamientos relacionados con los recursos destinados a su operación. Con los cambios anunciados, la nueva presidencia busca reducir los costos institucionales mediante una sede más pequeña, ajustes administrativos y modificaciones en los dispositivos de seguridad, sin que el anuncio detalle todavía cómo se garantizará que estos recortes no afecten el desarrollo de las investigaciones y los procesos judiciales.