El Gobierno Nacional anunció un incremento del 9,5 % en el salario mínimo para el 2025, que representa un aumento de $123.500, fijando el nuevo salario mínimo en $1’423.500. Adicionalmente, el subsidio de transporte subió de $162.000 a $200.000, lo que genera impactos directos en los costos laborales y en el bolsillo de los colombianos.
La medida generó opiniones divididas entre los senadores de distintos partidos. Carlos Abraham Jiménez, de Cambio Radical, criticó el aumento al considerarlo perjudicial para el presupuesto nacional, mientras que Sandra Ramírez, de Comunes, destacó que este Gobierno ha sido el que más ha incrementado el salario mínimo pese a las adversidades.
Desde La U, Antonio José Correa defendió el aumento como una medida que ayuda a reducir la desigualdad, mientras que Aída Avella, del Pacto Histórico, sugirió que el alza debería ser proporcional al nivel salarial para evitar aumentar brechas. Por otro lado, María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, advirtió sobre posibles efectos negativos en el empleo y la inflación.
Miguel Uribe y otros senadores del Centro Democrático se mostraron escépticos, señalando que el incremento podría ser contraproducente si no se fomenta la productividad empresarial. En contraste, Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, defendió la medida como un paso hacia la reducción de la explotación laboral en Colombia.
