El candidato presidencial Sergio Fajardo anunció una propuesta de alto impacto político durante un debate sobre temas energéticos en Cartagena: impulsar un referendo ciudadano para impedir que la Constitución de 1991 sea modificada mediante una asamblea constituyente en la próxima década.

La iniciativa, explicó el exgobernador, busca añadir un artículo que blinde la Carta Política hasta 2034, es decir, durante dos periodos presidenciales. Según señaló, el propósito es preservar la estabilidad institucional en un momento de alta tensión política. “La Constitución fue un llamado a unirnos”, afirmó, al insistir en que, aunque existen mecanismos de reforma, no es el momento para cambios estructurales de fondo.

Fajardo sustentó su propuesta en las críticas al clima político actual, que atribuye en parte al gobierno del presidente Gustavo Petro y a sus contradictores. A su juicio, el país atraviesa una etapa de fuerte polarización que podría agravarse con la convocatoria de una constituyente. “Una constituyente hoy sería confrontación y destrucción”, advirtió.

En esa línea, también cuestionó a sectores cercanos al senador Iván Cepeda, al señalar que estarían promoviendo la recolección de firmas para impulsar una asamblea constituyente, lo que calificó como un riesgo para la estabilidad del país.

El camino para materializar el referendo, sin embargo, es complejo. Fajardo reconoció que se requeriría recolectar cerca de tres millones de firmas, obtener el aval del Congreso y superar el control de la Corte Constitucional antes de someter la propuesta a votación ciudadana.

Pese a estos retos y a su posición actual en las encuestas, el candidato aseguró que avanzará con la iniciativa, al considerar que el país enfrenta una situación crítica que exige decisiones de fondo.

En materia energética, Fajardo también presentó ajustes en su postura. Señaló que ahora respalda la realización de proyectos piloto de fracking, siempre condicionados a la evidencia científica que garantice su viabilidad. Además, propuso implementar un “mínimo vital de energía” para los habitantes de la región Caribe, como una medida para aliviar las dificultades en el acceso al servicio.