El exsubdirector de fiscalización de la DIAN, Christian Quiñónez, explicó cómo se habrían detectado operaciones sospechosas relacionadas con la empresa Lili Pink, en una investigación que derivó en allanamientos a cerca de 400 establecimientos en el país.

Según el exfuncionario, las indagaciones comenzaron en 2022 tras solicitudes de devolución de IVA presentadas por la compañía. Durante una primera visita de verificación, las autoridades encontraron una libreta con nombres de funcionarios de la entidad, lo que llevó a realizar un “hackeo ético” que, presuntamente, evidenció vínculos irregulares con procesos de devolución tributaria.

Quiñónez señaló que, en medio de las auditorías, se detectaron proveedores que no tendrían existencia real. “Cuando una empresa solicita devoluciones de saldos a favor, entra en procesos de fiscalización. Allí se identificaron supuestas empresas proveedoras que, en la práctica, no existían”, indicó.

Al verificar estas compañías, los investigadores no encontraron insumos básicos para la producción de prendas, como telas, botones o cremalleras, lo que generó sospechas sobre la posible utilización de empresas fachada.

El exfuncionario explicó que este tipo de esquemas podría estar relacionado con el llamado “contrabando técnico”, mediante el cual productos importados —principalmente de países como China— serían reetiquetados como nacionales para reducir costos y aparentar legalidad.

También advirtió que las labores de inspección enfrentaron dificultades, ya que, según dijo, algunas visitas eran anticipadas a la empresa, lo que habría comprometido los procedimientos. Incluso, aseguró que funcionarios de la DIAN habrían recibido amenazas durante el proceso.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación indicó que la investigación apunta a un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, utilizado para ingresar mercancía como ropa, juguetes y cosméticos, que luego se distribuía en el mercado nacional.

De acuerdo con el ente acusador, las maniobras buscaban evadir controles aduaneros, fragmentar transacciones y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su ingreso al sistema económico formal.

La Fiscalía ha documentado posibles delitos como lavado de activos por 730.000 millones de pesos, enriquecimiento ilícito superior a 430.000 millones, decomisos de mercancía por más de 54.000 millones y un presunto contrabando que superaría los 75.000 millones de pesos.

El caso continúa en investigación mientras avanzan los operativos judiciales en diferentes regiones del país.