Este viernes 23 de enero, la Corte Constitucional registró importantes movimientos en torno a la emergencia económica declarada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Fuentes del alto tribunal confirmaron que el magistrado Carlos Camargo radicó una solicitud para suspender provisionalmente el decreto que dio origen a dicha emergencia, decisión que deberá ser evaluada por la Sala Plena en los próximos días.

Paralelamente, en el despacho del magistrado Juan Carlos Cortés, avanza el estudio de otra petición orientada a suspender los efectos del decreto tributario expedido bajo la misma figura de emergencia. Este decreto habilitó el cobro de nuevos impuestos, entre ellos el IVA del 19 % a los licores y el impuesto al patrimonio, por lo que su eventual suspensión tendría impacto inmediato en la política fiscal del Gobierno.

Según se conoció, el magistrado Cortés radicó formalmente la solicitud de suspensión provisional hasta que la Corte se pronuncie de fondo sobre la constitucionalidad del decreto, mientras se resuelve el debate jurídico que ha dividido opiniones dentro del alto tribunal.

El pulso interno también incluye la recusación e impedimento presentados por el magistrado Jorge Ibáñez, asuntos que deberán ser definidos por la Sala Plena antes de avanzar en la discusión principal sobre la validez de la emergencia.

A la Corte han llegado diversas demandas de inconstitucionalidad y solicitudes de suspensión, presentadas por distintos sectores. Fenalco, por ejemplo, argumentó que las razones del Gobierno no cumplen con los requisitos para declarar un estado de excepción, pues responden a problemas estructurales y previsibles.

De igual manera, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, solicitó la suspensión inmediata del decreto, al considerar que el Ejecutivo recurrió a la emergencia económica tras el rechazo del Congreso a la ley de financiamiento, advirtiendo que las medidas podrían generar recaudos tributarios irreversibles.