La crisis financiera del sistema de salud continúa generando preocupación entre los prestadores. La Unión Nacional de IPS, UNIPS, advirtió que el informe de la Contraloría General de la República sobre la situación de las EPS durante 2025 evidencia una problemática estructural que está trasladando sus efectos a hospitales, clínicas y demás instituciones de salud.

Uno de los datos que más preocupa al gremio es que, al cierre de 2025, 29,7 millones de afiliados, equivalentes al 56,68 % de la población asegurada, se encontraban en EPS intervenidas o sometidas a medidas especiales. Además, de las 26 EPS que reportaron información financiera, 17 registraron pérdidas operacionales y solo cuatro cumplieron integralmente con las condiciones financieras y de solvencia, aunque estas concentran apenas el 1,24 % de los afiliados.

UNIPS también llamó la atención sobre el crecimiento de las deudas. La cartera de las EPS pasó de $45,89 billones en 2024 a $58,06 billones en 2025, un incremento cercano al 26,5 %, de los cuales $47,9 billones corresponden a entidades intervenidas o bajo medidas especiales. El gremio señaló además que la deuda con los operadores farmacéuticos aumentó 33,1 %, al pasar de $2,85 billones a $3,80 billones, situación que podría poner en riesgo el abastecimiento oportuno de medicamentos y tecnologías en salud.

El director de UNIPS, Jorge Toro, calificó como “supremamente preocupante” que solo cuatro EPS cumplan los requisitos financieros y sostuvo que la red prestadora continúa financiando el sistema mediante la prestación de servicios que, en muchos casos, no son pagados oportunamente. El gremio también manifestó preocupación por Nueva EPS, pues, según la Contraloría, la ausencia de estados financieros certificados y dictaminados para 2025 limita la evaluación integral de su situación, pese a que concentra más del 20 % de la población afiliada.

Ante este panorama, UNIPS pidió al Gobierno Nacional, al Ministerio de Salud, la ADRES y la Superintendencia Nacional de Salud adoptar medidas urgentes para garantizar el flujo de recursos hacia las IPS, sanear las deudas y fortalecer el seguimiento a las EPS intervenidas. Asimismo, solicitó agilizar los reconocimientos y pagos a cargo de la ADRES, incluidos los relacionados con el SOAT y accidentes de tránsito, y pidió que las recientes intervenciones en EPS como Famisanar y Coosalud contribuyan a destrabar los pagos pendientes. Para el gremio, el deterioro financiero del sistema podría terminar convirtiéndose también en un riesgo para la atención oportuna de los pacientes.