La Fundación Universitaria Los Libertadores advirtió que el incremento del salario mínimo a 1.750.905 pesos está generando fuertes presiones en el sector educativo, afectando tanto a las instituciones como a los estudiantes y sus familias.

Según explicó Ángela María Merchán Basabe, rectora de la institución, el principal impacto radica en la falta de sincronía entre el aumento del salario y la definición de las matrículas, cuyo valor se calcula con base en el IPC y debe reportarse con anticipación al Ministerio de Educación. “En las instituciones educativas estos costos no pueden trasladarse al usuario final, por lo que deben ser asumidos internamente”, señaló.

El alza salarial eleva los costos operativos, incluidos los contratos tercerizados, las cargas prestacionales y los aportes sociales, lo que afecta directamente la sostenibilidad financiera de las universidades. Expertos en economía y educación estiman que esta situación podría mantener la inflación del sector entre 6,5 % y 7,5 %.

Más allá de las cifras, el mayor riesgo —según advierte el comunicado— es que más jóvenes vean truncado su proyecto educativo por dificultades económicas. El acceso a la educación superior en Colombia continúa siendo desigual: de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE (2024), solo el 36 % de los jóvenes entre 17 y 21 años cursa estudios superiores. En las capitales la cobertura alcanza el 42,6 %, mientras que en zonas rurales apenas llega al 16,3 %.

En departamentos como Vichada, Vaupés y Guainía, menos del 8 % de los jóvenes logra ingresar a la universidad, lo que demuestra que el aumento de los costos podría profundizar aún más las brechas existentes en el acceso a la educación superior.