Instituciones privadas de educación superior expresaron preocupación por la aplicación del Decreto 0173, que establece nuevas obligaciones tributarias para este sector en el país y cuya entrada en vigencia está prevista para el 1 de abril. Según voceros académicos, la medida podría impactar la sostenibilidad financiera de las universidades y el acceso de los estudiantes a la formación profesional.

El padre Harold Castilla Devoz, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) y rector general de Corporación Universitaria Minuto de Dios, señaló que gravar a las instituciones privadas abre interrogantes sobre el funcionamiento del sistema mixto de educación superior en Colombia. Explicó que estas entidades operan como organizaciones sin ánimo de lucro, por lo que los excedentes se reinvierten en infraestructura, investigación, bienestar estudiantil y ampliación de cobertura.

Castilla Devoz indicó que las universidades privadas han contribuido a ampliar la oferta educativa en regiones donde la presencia de instituciones públicas es limitada. En ese sentido, recordó que más de 1,2 millones de estudiantes están matriculados en instituciones privadas del país.

Según datos del sector, Corporación Universitaria Minuto de Dios cuenta con más de 90.000 estudiantes y presencia académica en 52 municipios mediante programas presenciales y virtuales, con una alta participación de jóvenes provenientes de hogares de ingresos bajos y medios.

El directivo también explicó que existe una diferencia entre ingresos y utilidades en el funcionamiento financiero de las instituciones educativas y advirtió que las nuevas cargas tributarias podrían tener efectos en distintos aspectos de la operación académica.

Ante la entrada en vigencia del decreto, representantes del sector solicitaron abrir un espacio de diálogo con el Gobierno para revisar los posibles impactos de la medida y evaluar alternativas que permitan mantener la sostenibilidad del sistema de educación superior.