La plenaria del Senado de la República aprobó en la tarde de este miércoles tres proyectos en segundo debate. El primero de ellos, el 338 de 2023 Senado, pretende ampliar los términos para que las víctimas puedan hacer su declaración y sean reconocidas en el Registro Nacional de Víctimas y la Procuraduría General de la Nación
El senador ponente Alfredo Rafael Deluque Zuleta, partido de La U, explicó que “pese a que en la actualidad hay cerca de 9 millones 520 mil víctimas muchas han rendido la declaración de manera extemporánea. Esto obedece a razones como que los afectados viven en territorios donde persiste la violencia, o a que tienen al victimario cerca o que no accedieron la información en su debido momento”.
Señaló que en un acto de justicia, hoy quienes sufrieron igual o peores consecuencias que otras víctimas también merecen ser incluidas en el Registro Nacional y por eso es de vital importancia ampliar los términos, debidamente sustentados y con el acompañamiento permanente de la Procuraduría General de la Nación.
En otras palabras, la iniciativa con autoría de varios colegas representantes a la Cámara, busca que una persona víctima de desplazamiento forzado rinda declaración ante cualquiera de las instituciones que integran el Ministerio Público, dentro de los tres (3) años siguientes al desplazamiento, siempre y cuando estos hechos hubiesen ocurrido a partir del 1 de enero de 1985, y no haga parte del Registro Único de Víctimas.
En las declaraciones presentadas tres años después de la ocurrencia, el funcionario del Ministerio Público deberá indagar sobre las razones por las cuales no se llevó a cabo con anterioridad dicha declaración, con el fin de determinar si existen barreras que dificulten o impidan la accesibilidad de las víctimas a la protección del Estado.
La Procuraduría General de la Nación, en coordinación con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la promulgación de la presente ley, deberá elaborar un Plan de Acción en el que se capacite a los funcionarios del Ministerio Público para conducir los lineamientos.
También deberán adoptar un programa de difusión y socialización eficaz, con alcance a todo el territorio, sobre los derechos de las víctimas y en el que se cuente la forma para acceder al Sistema Nacional de Aññtención y Reparación Integral de Víctimas.
Impulso al servicio de telecomunicaciones
Otro importante proyecto relacionado con la utilidad pública e interés social, el tendido, construcción y operación de redes para el suministro de servicios públicos de telecomunicaciones y Tic’s fue aprobado en la plenaria del Senado.
Según su ponente, el senador Julio Alberto Elías Vidal, partido de la U, con esta iniciativa se garantizará el acceso equitativo a los servicios de telecomunicaciones en el territorio colombiano.
El proyecto busca dotar de herramientas legales al Gobierno Nacional para que se garantice la prestación de los servicios de telecomunicaciones y TIC´s de manera eficiente, continúa y permanente, con el fin de ampliar la conectividad de todos los habitantes del territorio nacional, en especial a los más vulnerables.
En lo que compete a los conceptos solicitados tanto a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), como al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ambos cuentan con respuesta positiva y con sugerencias en algunos puntos del articulado.
También se realizaron diferentes mesas de trabajo con expertos en comunicaciones con el fin de llegar a un consenso en el informe de ponencia.
Otro de los puntos claves del proyecto, que se acogió a las recomendaciones de la CRC y del MinTIC, tiene que ver con la posibilidad de que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones soliciten el acompañamiento policial bien sea en la instalación o en el mantenimiento de redes para la provisión de este servicio.
Reducción de barreras para acceder a vivienda
La tercera iniciativa que contó con el apoyo de la plenaria del Senado está relacionada con la reducción de barreras para la adquisición de vivienda, por medio de los créditos hipotecarios.
Es así como se pretende que a través de la utilización de energías limpias para vivienda más colombianos puedan acceder a una vivienda.
Con ponencia de las senadoras Norma Hurtado Sánchez, partido Unión por La Gente y Lorena Ríos Cuéllar, de Colombia Justas Libres, el proyecto que ya había iniciado su vida legislativa en la comisión Séptima de Senado, fue aprobado de forma unánime por la plenaria.
