
En septiembre de 2024, el Ministerio de Educación presentó ante el Congreso el proyecto de ley ‘Acuerdo Nacional por el Rescate Financiero de la Educación Superior Pública’, una reforma destinada a salvar a las universidades públicas de la crisis financiera.
La iniciativa, que ha sido respaldada por estudiantes, rectores y expertos, será prioritaria para la Comisión Sexta este año. Según los promotores, esta reforma es una oportunidad para actualizar una ley con más de 30 años de vigencia y responder a las necesidades actuales de las instituciones de educación superior públicas.
Durante el primer debate en el Senado, liderado por el senador Pedro Flórez del Pacto Histórico, la discusión quedó inconclusa debido a la prioridad de proyectos en segunda discusión. El senador destacó que la reforma permitiría construir nuevas sedes, ampliar cobertura y mejorar la calidad de la educación superior, cerrando brechas regionales y sociales.
El proyecto propone que los aportes del Presupuesto General de la Nación para las universidades públicas se ajusten cada año según el ICES, y no según el IPC, como ocurre actualmente. Asimismo, plantea que el Gobierno Nacional incremente sus contribuciones en un porcentaje no inferior al 70% del incremento real del PIB, frente al 30% actual. También se incluiría un nuevo artículo, el 86A, para destinar recursos adicionales a Instituciones Técnicas y Tecnológicas (ITTUs), tradicionalmente excluidas de este esquema.
La propuesta, que busca modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, apunta a garantizar un modelo sostenible de financiación basado en el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) y un mayor porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB).