Un informe anual de Amnistía Internacional advierte que la situación de derechos humanos en Colombia durante 2025 sigue siendo crítica, a pesar de los esfuerzos del Gobierno por avanzar en la política de “Paz Total”. Según el reporte, la crisis humanitaria no solo persiste, sino que presenta un leve deterioro en sus indicadores, afectando de manera directa a amplios sectores de la población civil.

El documento señala que más de 1,5 millones de personas resultaron impactadas por hechos violentos en el último año, en un contexto marcado por homicidios, amenazas y desplazamientos forzados. En total, se registraron 2.794 incidentes de violencia, mientras que cerca de una quinta parte de la población del país, más de nueve millones de personas, continúa siendo considerada víctima del conflicto armado.

De acuerdo con el análisis, en varias regiones del país el control territorial sigue en manos de grupos armados no estatales, que ejercen un dominio autoritario y violento. Esta situación se explica, en parte, por la ausencia del Estado en zonas históricamente afectadas por el conflicto, lo que ha permitido la consolidación de nuevas estructuras ilegales. Las principales víctimas de este escenario son comunidades campesinas, así como poblaciones afrodescendientes e indígenas.

El informe también cuestiona el desarrollo de los actuales procesos de negociación, al señalar que durante 2025 no ha habido claridad suficiente en las garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas. En ese sentido, advierte que distintos sectores de la sociedad civil no se sienten representados ni escuchados en estos espacios, lo que contrasta con procesos anteriores en el país.

Asimismo, la organización subraya que el Estado enfrenta dificultades para abordar la complejidad del conflicto, que presenta dinámicas distintas según el territorio, como ocurre en regiones como Catatumbo o Guaviare.

Finalmente, el reporte ubica a Colombia como el país más peligroso del mundo para la defensa de los derechos humanos. Durante 2025 se registraron 165 asesinatos de líderes sociales y defensores, lo que representa el nivel más alto de violencia letal contra este grupo en el actual periodo de Gobierno, evidenciando la persistencia de graves riesgos para quienes ejercen esta labor en el país.