El sistema de salud en Colombia enfrenta un escenario cada vez más complejo, marcado por la reducción de su capacidad instalada, mayores barreras de acceso y una presión creciente sobre su sostenibilidad financiera. Así lo advierten recientes cifras del observatorio Así Vamos en Salud, que evidencian un deterioro progresivo en la prestación de servicios.

Uno de los datos más relevantes es el cierre de 4.104 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) entre 2021 y 2025, lo que refleja una disminución significativa en la oferta de atención en un contexto donde la demanda continúa en aumento. El impacto no ha sido homogéneo: Bogotá lidera con 580 IPS cerradas, seguida por Antioquia con 273, Atlántico con 268, Cali con 227, Barranquilla con 212, Santander con 204 y Cundinamarca con 177. La concentración en estas zonas genera preocupación por su alta densidad poblacional y la creciente demanda de servicios.

En paralelo, se registra un aumento sostenido en las PQRS (peticiones, quejas, reclamos y sugerencias) y en las tutelas, lo que evidencia dificultades en la respuesta oportuna del sistema. Cada vez más usuarios recurren a mecanismos legales para garantizar su derecho a la salud, en un contexto donde también se observa un cambio en la estructura del aseguramiento: la reducción del régimen contributivo y el crecimiento del subsidiado incrementan la presión sobre los recursos públicos y plantean riesgos para la sostenibilidad financiera en el mediano y largo plazo.

El panorama se agrava por el desbalance entre oferta y demanda. Mientras disminuyen los servicios en áreas clave y persisten brechas territoriales, el país enfrenta un envejecimiento poblacional y un aumento de enfermedades crónicas que requieren atención continua, lo que profundiza los desafíos del sistema.