La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, en conjunto con la Universidad de Essex, reveló una dimensión poco visibilizada del conflicto armado: el impacto directo y sistemático sobre los animales y los ecosistemas.

El estudio, titulado “Daños invisibles: la violencia contra animales en el conflicto armado en Colombia (2017-2026)”, documenta que al menos 100.252 animales han sido afectados por la violencia en la última década, evidenciando la magnitud de este fenómeno.

Según el informe, cada 30 minutos un animal muere o resulta gravemente herido por acciones atribuibles a grupos armados no estatales. Además, advierte que 44 especies silvestres han sido llevadas al borde de la extinción, lo que compromete el equilibrio de los ecosistemas y plantea la necesidad de reconocer a los animales como víctimas dentro del análisis del llamado ecocidio.

Las afectaciones fueron agrupadas en cuatro grandes categorías: tráfico de fauna, voladura de infraestructura minero-energética, deforestación y minería ilegal, actividades estrechamente ligadas a economías ilícitas.

El estudio hace especial énfasis en especies en estado crítico, como 36 tipos de ranas —de los géneros Atelopus y Pristimantis—, además del arrierito antioqueño, el paujil piquiazul y el mono araña. Las ranas, en particular, resultan altamente vulnerables debido a su sensibilidad frente a la contaminación y a los cambios ambientales derivados de la deforestación y la minería ilegal.

En términos territoriales, Antioquia concentra el mayor número de especies amenazadas, mientras que el Parque Nacional Natural Farallones de Cali figura entre los ecosistemas más afectados, con riesgos asociados a la minería ilegal, el narcotráfico y la degradación de hábitats.

El informe también identifica al menos nueve formas en las que los animales han sido utilizados en el conflicto armado: como medio de transporte, para detonar explosivos, como instrumento de tortura, centinelas, mecanismos de vigilancia, en prácticas de bioterrorismo, con fines propagandísticos, en rituales esotéricos y como herramienta de intimidación para extorsiones.

En cuanto a los presuntos responsables, el documento señala a las disidencias de las antiguas FARC como uno de los principales actores que amenazan la fauna silvestre. Dentro de estas estructuras, el Frente Jaime Martínez, bajo la coordinación de alias Iván Mordisco, aparece con alta incidencia en territorios donde habitan especies en riesgo.

Estas afectaciones están directamente relacionadas con economías ilegales como la minería ilícita, la deforestación, el narcotráfico y el tráfico de fauna, que generan impactos profundos sobre los ecosistemas.

Finalmente, el informe recomienda reconocer legalmente a los animales como víctimas del conflicto armado en Colombia y fortalecer las acciones de protección, así como la atención veterinaria en las zonas más afectadas.