El Congreso dio luz verde a la Reforma Constitucional que ajusta el Sistema General de Participaciones (SGP), estableciendo un incremento gradual de las transferencias a departamentos, distritos y municipios hasta alcanzar el 39.5% de los ingresos corrientes de la Nación. Este ajuste se iniciará en 2027 y se aplicará progresivamente durante 12 años.
El representante Carlos Ardila, ponente del proyecto, aclaró que el acceso a estos recursos dependerá de la aprobación de una Ley de Competencias que debe ser tramitada en un plazo máximo de un año. Asimismo, aseguró que la reforma cumple con los parámetros establecidos en la regla fiscal y el marco fiscal de mediano plazo.
Desde el Ministerio del Interior se destacó que esta medida fortalece la descentralización y otorga mayor autonomía a las entidades territoriales para decidir sobre el destino de los recursos, priorizando proyectos que impulsen el desarrollo local y regional.
La reforma está diseñada para mejorar la financiación de servicios básicos en sectores como educación, salud y saneamiento básico, promoviendo una mejor calidad de vida en las comunidades más necesitadas.
El último debate de esta reforma se llevó a cabo sin la presencia del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del director del DNP, Alexander López, situación que despertó cuestionamientos por parte de algunos congresistas.
