En la noche del 18 de diciembre, fue capturado el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, señalado de estar involucrado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La orden fue emitida por una magistrada durante una audiencia judicial en la que se le imputan cargos por su presunta participación en el direccionamiento irregular de contratos.

Tras su captura, Bonilla fue trasladado al búnker de la Fiscalía, donde permanecerá mientras avanza el proceso judicial. Su defensa anunció que apelará la decisión, argumentando que el exministro goza de la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia en firme.

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la decisión judicial y defendió públicamente a su exministro, asegurando que, según su criterio, Bonilla es inocente y resaltando su trayectoria académica como economista y profesor universitario.

En su pronunciamiento, el mandatario afirmó que Bonilla habría sido víctima de extorsión y convertido en un “chivo expiatorio” dentro del proceso, señalando además que su situación se deriva de una ingenuidad política al apoyarse en sectores opositores durante su paso por el Ministerio de Hacienda.

La medida también cobijó al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, a quienes la magistrada señaló como presuntos líderes de una organización criminal dedicada al desvío de recursos públicos entre 2023 y 2024 para comprar apoyos legislativos. Ambos se convierten en los exfuncionarios de más alto rango del actual Gobierno procesados por este caso.