El Gobierno Nacional publicó el decreto 1390 de 2025, mediante el cual declara la emergencia económica y social en todo el país por 30 días, luego del hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso de la República.

Según el documento, firmado por el presidente Gustavo Petro, la medida se adopta debido a “la inasistencia de una fuente legalmente habilitada para financiar ingresos por $16,3 billones”, lo que representa “una amenaza grave e inminente al orden económico y social” del país.

En los próximos días se espera que el Ejecutivo expida varios decretos con nuevas medidas tributarias, entre ellas la implementación del 5×1000, la creación de un impuesto al patrimonio para personas jurídicas, el aumento del IVA y de los impuestos al consumo, así como mayores gravámenes a alcoholes, cigarrillos, alimentos ultraprocesados y la extracción de combustibles fósiles.

No obstante, la declaratoria ha generado debate sobre su constitucionalidad y sobre el papel que asumirá la Corte Constitucional frente a las decisiones que se tomen bajo este marco excepcional.

De acuerdo con estimaciones oficiales, si el decreto se mantiene vigente hasta marzo, el Gobierno podría recaudar alrededor de 1,1 billones de pesos adicionales, recursos que se destinarían a reducir el déficit fiscal y atender compromisos económicos del Estado.